MIRADAS

Una conversación sobre el mundo que compartimos

Teresa Barragán

Hay preguntas capaces de arruinar una buena conversación.

Imagine una mesa donde alguien propone otra botella de vino, postre para todos y, ya entrados en entusiasmo, una ronda más. Todo marcha estupendamente hasta que alguien comete la imprudencia de preguntar:

¿Y quién paga la cuenta?

Con los presupuestos públicos sucede algo parecido.

Esta semana México presentó el suyo para 2027 y, casi al mismo tiempo, comenzó el proceso electoral. La coincidencia no podría ser más oportuna: mientras conocemos cuánto habrá para gastar, comienza también la temporada en la que escucharemos todo lo que podrían darnos.

El presupuesto parece un asunto para economistas: billones, déficit, deuda, porcentajes del PIB. Pero detrás de tantos ceros hay algo bastante sencillo: cuánto entra, cuánto gastamos y qué hacemos cuando no alcanza.

Para el próximo año se espera que la economía mexicana crezca entre 1.5 y 2.5 por ciento. No está detenida, pero tampoco avanza con demasiada prisa. Mientras tanto, los recursos tienen que alcanzar para programas sociales, pensiones, salud, educación, seguridad, carreteras, agua, infraestructura y todo lo demás que esperamos del Estado.

El problema es que el mismo peso no puede gastarse dos veces.

Podemos darnos el gusto de hacer ese viaje que llevamos tiempo queriendo. Quizá hasta nos lo merecemos. Pero si al regresar descubrimos que ya no alcanza para pagar el súper y sacamos la tarjeta de crédito, el problema no está solamente en cuánto gastamos. Está también en el orden de nuestras prioridades.

Y si hacemos lo mismo el mes siguiente, convendría empezar a preocuparnos.

La deuda funciona de manera parecida. No necesariamente es mala: puede utilizarse para construir infraestructura o financiar inversiones que generen crecimiento. Pero cuando sirve de manera recurrente para completar lo que los ingresos ya no alcanzan a cubrir, estamos enviando una parte de la cuenta hacia adelante.

Y el futuro tiene la mala costumbre de llegar.

Por eso, cuando vemos un presupuesto, quizá estamos mirando solamente la mitad de la historia si nos fijamos en aquello a lo que sí se destinó dinero.

La otra mitad está en lo que se quedó esperando.

Entonces no debería sorprendernos encontrar pacientes buscando un medicamento que debía proporcionarles el sistema público, escuelas que todavía carecen de servicios elementales, carreteras que siguen deteriorándose u obras de infraestructura necesarias que vuelven a quedar para después.

No necesariamente porque no haya dinero, sino porque se decidió destinarlo a otra cosa.

Eso es, al final, un presupuesto: una lista de prioridades, pero también una lista de renuncias.

Y ahora que comienza el proceso electoral, quizá podríamos adquirir una pequeña costumbre.

Cada vez que un político prometa un nuevo programa, una obra, un apoyo adicional o cualquier otro beneficio, antes de decidir si nos gusta, hagamos tres preguntas:

¿Cuánto cuesta? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Y qué se dejará de hacer para pagarlo?

Decir que “estará contemplado en el presupuesto” no basta. El presupuesto no fabrica dinero; simplemente decide qué hacer con el que existe.

Si queremos conservar programas sociales, mejorar hospitales y escuelas, tener mejores carreteras, invertir en infraestructura y además emprender nuevos proyectos, necesitamos algo más que buenas intenciones.

Necesitamos crecer.

Porque una economía que crece genera empresas, empleos, inversión y también los recursos que permiten financiar aquello que queremos como sociedad.

Durante los próximos meses escucharemos muchas promesas. Algunas serán buenas, otras necesarias y seguramente algunas irresistibles.

Podemos pedir el postre. Podemos pedir otra botella.

Pero antes de levantar la mano para ordenar, quizá convenga acostumbrarnos a hacer esa pregunta incómoda:

¿Y quién paga la cuenta?