TEJA inhabilita a empresa por presentar documento falso del SAT

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió inhabilitar por tres meses a la empresa Copiher Comercializadora y Prestación de Servicios Integrales, S. de R.L. de C.V., tras determinar que presentó un documento apócrifo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obtener su registro como proveedora del Gobierno del Estado. La resolución fue publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

De acuerdo con el expediente 001/2023-3-JRA, la empresa entregó en 2020 una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con resultado positivo; sin embargo, al verificar el folio y el código QR, las autoridades detectaron que el documento original emitido por el SAT tenía un resultado negativo, por lo que concluyeron que la información había sido alterada. 

El Tribunal consideró que la conducta constituyó el uso de información falsa dentro de un procedimiento administrativo, ya que el registro en el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en licitaciones y celebrar contratos con dependencias estatales. La resolución también rechazó el argumento de la empresa de que se trataba de un doble juzgamiento, al señalar que anteriormente se había sancionado al representante legal como persona física y ahora el procedimiento corresponde a la persona moral. 

Aunque el TEJA acreditó la responsabilidad administrativa de la empresa, no impuso una sanción económica ni ordenó el pago de una indemnización, al no encontrarse evidencia de un daño patrimonial al erario o de un beneficio económico derivado de la conducta. Por ello, la sanción quedó limitada a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública una vez que la resolución quede firme. 

En antecedentes del caso, el representante de la empresa ya había sido sancionado por hechos relacionados con la utilización de documentación falsa para buscar acceder a contratos del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID, por un monto de 65.2 millones de pesos.