SEP afirma que la educación militarizada no está permitida por la ley; revisarán planteles en el país
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que en México la educación militarizada no está autorizada por la Constitución ni por la Ley General de Educación, por lo que anunció una revisión de planteles que operan bajo este modelo en distintas entidades del país.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el titular de la SEP señaló que ni la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades educativas para instituciones de educación básica. Asimismo, recordó que la única autoridad facultada para impartir educación militar es la propia Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de su ámbito de competencia.
Las declaraciones se producen tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, caso que ha generado investigaciones y un amplio debate sobre la supervisión de este tipo de instituciones.
Mario Delgado informó que la SEP envió un comunicado a las autoridades educativas estatales para recordar que no existe fundamento legal que permita autorizar escuelas con un modelo de educación militarizada, además de solicitar la revisión de los permisos de operación de los planteles particulares que pudieran ofrecer este tipo de formación.
El funcionario también indicó que en Tamaulipas fueron detectadas cinco escuelas adicionales que promocionan este esquema educativo y cuyos permisos serán revisados por las autoridades correspondientes. Agregó que la revisión se extenderá al resto del país con el objetivo de verificar que ninguna institución opere bajo una modalidad no contemplada por la legislación vigente.
Finalmente, la SEP reiteró que la Nueva Escuela Mexicana se sustenta en un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y protección integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que cualquier práctica que implique maltrato o métodos disciplinarios violentos resulta incompatible con los principios establecidos en la legislación educativa mexicana.